AL PUEBLO VENEZOLANO Y LA COMUNIDAD DE NACIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO
Sobre la delicada situación política del país
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, reunido en sesión ordinaria en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón, el viernes 31 de marzo de 2017, acordó por unanimidad pronunciarse sobre la grave situación del Estado de derecho de Venezuela, que pone en peligro el ejercicio ciudadano de las libertades consagradas por el derecho internacional de los derechos humanos y por la Constitución nacional, y la sobrevivencia misma de la República.
Todo el país está conmocionado por las más recientes decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica, otrora la cúspide legítima del sistema judicial venezolano y garante institucional de los preceptos de la carta magna de nuestra nación. Los dictámenes de la máxima corte, que el pueblo entero supone comprometidos con la protección de los derechos fundamentales y del Estado de derecho, no han tenido otra orientación que afectar de modo amenazante y en sus más esenciales soportes la ya deteriorada vida democrática de los habitantes de este país.
En fallo del día martes 28 de marzo de los corrientes, con ponencia conjunta los siete magistrados de la Sala Constitucional liquidan la inmunidad de los representantes del pueblo de Venezuela en el Poder Legislativo Nacional, erosionando así uno de los soportes de la autonomía de la Asamblea Nacional en su papel de institución competente para investigar, legislar y controlar la función pública en el resto de las entidades que conforman forman al Estado.
Adicionalmente, la sentencia introduce un peligroso y destructivo virus en el sistema político venezolano al tipificar el delito de traición a la patria para los diputados que, en ejercicio de sus potestades constitucionales, exijan la aplicación del ordenamiento jurídico internacional ante la ruptura evidente del orden constitucional en Venezuela. Por si fuera poco, el mismo dictamen del TSJ habilita al Presidente de la República de modo írrito y con facultades extraordinarias no previstas en la Constitución, para desconocer esos instrumentos del derecho internacional y las instituciones que los encarnan.
Sin recobrarse aun del golpe contra el hilo democrático que supone la decisión referida de la Sala Constitucional, un día después el pueblo recibe otra afrenta judicial por parte del Tribunal Supremo de Justicia. En sentencia también conjunta del miércoles 29 de marzo, los mismos siete magistrados de la SC cargan contra la Asamblea Nacional -un poder autónomo y fundamental del Estado venezolano- al sustraerla sus competencias legislativas y parlamentarias, que ahora inscontitucionalmente se arroga ese pequeño grupo de jueces, plantando en la escena pública nacional una definitiva amenaza contra el orden democrático.
No han cesado las denuncias de quebrantamiento del hilo constitucional, de golpe a la democracia y a las instituciones derivadas del voto popular, desde el seno mismo de la sociedad venezolana y desde los Estados soberanos de América Latina y el Mundo.
El Consejo Universitario de LUZ, interpretando el rechazo popular e institucional más amplio a estas decisiones del Poder Judicial, y asumiendo directamente la responsabilidad de expresar sin condicionamiento alguno la profunda preocupación por la situación política y social del país, condena de modo firme los actos inconstitucionales y abusivos del TSJ a través de las sentencias 155 y 156, y exige la inmediata reposición plena de la autonomía y las competencias de la Asamblea Nacional, así como la restitución de los derechos políticos de todos los venezolanos y la dimisión de los magistrados responsables de tan peligrosas sentencias para la continuidad del orden democrático en nuestro país.
De igual manera, el Consejo Universitario rechaza abiertamente la represión de la que están siendo víctimas en todo el país los estudiantes, diputados, trabajadores de medios de información y demás venezolanos que se manifiestan a favor de la democracia y de las libertades. Deplora este cuerpo la militarización de la vida pública, la censura que afecta el derecho del pueblo a estar informado y las amenazas de grupos armados irregulares al ejercicio de la protesta democrática y pacífica.
En ratificación de lo expresado ya por el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, el Consejo Universitario también exige el establecimiento sin prórroga alguna de un cronograma electoral, el respeto a los derechos de los venezolanos, el cese de la imposición de la justicia militar contra civiles, la liberación de todos los presos políticos y la derogación del Estado de Excepción y de Emergencia Económica instituido por el gobierno nacional.
En Punto Fijo, estado Falcón, a los 31 días del mes de marzo de 2017.
| Dr. Jorge Palencia Piña | MgSc. Ángela Leiva |
| Rector | Secretaria encargada |