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Comunicado del CU ante los graves problemas intra y extra universitarios

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Última actualización el miércoles, 31 enero 2018 14:18

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República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario

 COMUNICADO

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

El Consejo Universitario, reunido en sesión ordinaria el miércoles 24 de enero de 2018, consideró necesario dirigirse a la comunidad universitaria, la ciudadanía en general y a la opinión pública internacional, en atención a los graves problemas extra e intra universitarios que aquejan actualmente a esta máxima casa de estudios, como consecuencia tanto de la situación de crisis política, social y económica del país, como del trato inadecuado por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en los términos que a continuación se detalla:

1. La comunidad universitaria, sus docentes, estudiantes, egresados así como su personal de apoyo administrativo y obrero, en su condición natural de ciudadanos, se encuentra abatida por la actual situación de crisis que vive el país, caracterizada por:

• La crisis política institucional que ha traído como consecuencia la alteración del normal funcionamiento del Estado, del sistema político y de las relaciones entre actores políticos y sociales, produciendo incertidumbre e inestabilidad institucional y confrontación entre poderes públicos, debilitando la calidad de la democracia, la transparencia de la gestión pública y la participación efectiva en el ejercicio de la ciudadanía activa.

• La práctica de control social ejercida por el gobierno a través de mecanismos biométricos (entre ellos, el “Carnet de la Patria”) que introducen grados aberrantes de discriminación y sojuzgan la libertad de elección de los ciudadanos y de acceso a beneficios sociales.

• La crisis social que afecta a los ciudadanos se expresa en un deficiente funcionamiento nacional del programa de atención en salud integral, responsabilidad del Estado venezolano, el cual se ha agudizado por la falta de insumos y equipos médico-odontológicos, y el desabastecimiento de medicamentos para garantizar la salud, desmejorando así la calidad de vida y el bienestar social de la población.

• Una inseguridad desbordada, la cual restringe el libre tránsito en la ciudad, y ha elevado los sentimientos de angustia e incertidumbre al ciudadano cuando sale de su hogar.

• Un modelo económico que ha propiciado la hiperinflación, expresada en términos de la pérdida del valor real de la moneda, la disminución del patrimonio monetario y un colapso económico que se evidencia en cuatro años de recesión y disminución de la reserva monetaria internacional. Todo ello, aunado a otros factores, que deriva en precios inaccesibles para la adquisición de bienes y servicios, especialmente al incremento desmedido de la canasta básica familiar, en alimentos y medicamentos; por nombrar solo los de condición vital para los ciudadanos.

• El desabastecimiento en la oferta de los alimentos, de las medicinas, de los artículos de aseo personal y de limpieza (entre otros) de producción nacional se agrava por la reciente política del Gobierno que prohíbe a los comerciantes la oferta a los ciudadanos de los productos a precio regulado, limitándolo a solo un 15% de ciudadanos que se benefician de los conocidos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), mientras que el resto de la población subsiste en el mercado de alimentos con productos importados, a precios exorbitantes.

• Un déficit en la flota del servicio del transporte público (urbano y extraurbano) y privado, ocasionado por la escasez y el gran incremento de los costos de los repuestos requeridos para su mantenimiento y reposición. A ello se suman los altos costos del servicio del transporte público, limitando seriamente el traslado de los ciudadanos hacia sus centros de trabajo, de estudio y a toda otra actividad de interés personal.

• La dificultad para la obtención del dinero en efectivo, lo cual introduce un nuevo elemento restrictivo en la normal movilidad ciudadana y universitaria, a la vez que incide en el elevado costo de los productos de primera necesidad.

• El desmejoramiento significativo de la inversión en la infraestructura de servicios públicos como electricidad, agua potable, teléfono, gas y el acceso a internet, con la disminución de la calidad de los mismos, afectando a los ciudadanos en su desempeño personal, laboral y en el ejercicio de sus libertades fundamentales.

2. Desmejoramiento progresivo y continuado en la provisión de los recursos por parte del Gobierno nacional para garantizar la calidad educativa y el mantenimiento de las instituciones universitarias

El Gobierno nacional ha implementado, de manera sostenida durante más de una década, una política de asfixia financiera al sector universitario, materializada en una asignación presupuestaria insuficiente que pierde toda efectividad ante el contexto de hiperinflación. Todo ello contrasta con la obligación constitucional del Estado de garantizar la gratuidad y calidad de la educación para todos los venezolanos. Como consecuencia de dicha política tenemos:

• Limitación del acceso al conocimiento global y al uso de las nuevas tecnologías educativas, ante el severo desmejoramiento de las bibliotecas físicas y virtuales, y la deficiencia de las redes y plataformas telemáticas universitarias.

• Imposibilidad de implementar programas de formación y fortalecimiento del personal docente y de investigación en el exterior e incluso en el territorio nacional, afectando el cumplimiento de las obligaciones de un factor clave en la misión institucional.

• Ausencia de políticas públicas de incentivo y reconocimiento a la labor del personal docente, administrativo y obrero que hace posible la formación de los hombres y mujeres que contribuyen con el desarrollo del país.

• Imposibilidad de dotación de materiales, equipos, tecnología y demás insumos indispensables para el desarrollo efectivo de la actividad docente y de investigación.

• Alto deterioro de la planta física y de su equipamiento, ante la imposibilidad de garantizar el óptimo funcionamiento de la Institución.

• Limitado desarrollo de la investigación científica que impide la producción y difusión del conocimiento necesario para dar respuesta a los problemas que demanda la sociedad venezolana.

• Crisis de los servicios institucionales que coadyuvan a la prosecución académica estudiantil (transporte estudiantil, comedores, becas, residencias, bibliotecas, entre otros).

• Debilitamiento significativo del talento humano institucional debido al creciente número de renuncias de nuestro personal docente, administrativo y obrero, en procura de mejores oportunidades laborales y de bienestar.

• Creciente deserción estudiantil, como consecuencia del elevado costo social de la permanencia en las aulas de clase, de las migraciones hacia el exterior y del abandono de los estudios universitarios por razones de sobrevivencia personal y familiar.

• Drástica disminución de las actividades de extensión en la vinculación multidireccional con las comunidades, en el desarrollo del deporte universitario, las manifestaciones culturales y eventos científicos.

Ante lo expuesto, EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA ACUERDA:

• Declarar la emergencia académica y operativa de la Universidad del Zulia y exigir al Gobierno nacional la declaración oficial de la crisis humanitaria en Venezuela, ante instancias nacionales e internacionales.

• Exigir la rectificación del modelo político, social y económico al Gobierno nacional para recuperar el estado de derecho y el tejido social de los venezolanos, y conducir al país hacia una auténtica ciudadanía activa y la activación de una próspera economía que garantice los fines constitucionales esenciales: el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, el derecho a su seguridad alimentaria, su salud, su educación y al trabajo, con un salario suficiente que le permita vivir con dignidad, cubriendo para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

• Reafirmar nuestro rol como institución académica al servicio de la Nación, con la disposición de colaborar en la orientación y esclarecimiento de los problemas nacionales y fomentar una visión compartida de país que promueva el progreso, el crecimiento y el desarrollo sostenible.

• Determinar, en acuerdo con los gremios universitarios, las acciones de contingencia que procuren condiciones mínimas de funcionamiento institucional, a la vez que brinden apoyo a los miembros que en ella hacen vida.

• Ratificar la voluntad de fortalecer las alianzas estratégicas en convenios de cooperación entre universidad, gobierno, empresa y sociedad; orientadas a revertir el deterioro en la producción nacional de los bienes y servicios de primera necesidad; todo ello en el marco del respeto mutuo y de nuestra autonomía universitaria.

• Exigir la revisión y actualización inmediata de la estructura presupuestaria universitaria año 2018, incluyendo sueldos y salarios, fondos de funcionamiento y providencias estudiantiles, con el fin de recuperar y progresar en los estándares de calidad de la institución y de su comunidad universitaria.

Maracaibo, 31 de enero de 2018.